El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo que “el decreto supremo protege de las cláusulas y las prácticas comerciales abusivas, pero jamás obliga a los bolivianos a pedir autorización para la venta o compra de su casa”.
La consecuencia más drástica puede ser la destitución de la autoridad; sin embargo, dependerá del descargo que realice, según explicó el secretario departamental de Justicia